martes, 22 de septiembre de 2009

SOCIALISMO DEL SIGLO XXI Y LA EMPRESA PRIVADA

Tomado de la Revista Debates-IESA con fines exclusivamente académicos.
Volumen XII • Número 4 • 2007 5


¿PUEDEN CONVIVIR el «SOCIALISMO DEL SIGLO XXI»
y la EMPRESA PRIVADA?
Debate entre Haiman El Troudi y Trino Márquez
El «socialismo del siglo XXI»ya es parte del discurso político venezolano y, en cierta medida, de la realidad económica. Sus defensores sostienen que, por novedoso, aún no está definido y que, en todo caso, no repetirá los errores de los «socialismos reales» del siglo XX. Sus opositores argumentan que, a pesar de su nombre rimbombante, traerá las mismas miseria e ineficiencia experimentadas
en los regímenes socialistas del pasado. Un representante de cada postura sostiene en un debate sus puntos de vista.
¿ESTÁ AMENAZADA la empresa pri­vada en Venezuela? ¿Cuál será el papel de cooperativas y empresas de producción social en el modelo eco­nómico que impulsa el gobierno de Chávez? ¿Pueden convivir el «socia­lismo del siglo XXI» y la empresa pri­vada? Para responder estas pregun­tas, Debates ¡ESA invitó a Haiman El Troudi y a Trino Márquez, defensor uno, opositor el otro, de la versión venezolana del socialismo del futuro. Haiman El Troudi es ingeniero y miembro del directorio del Centro In­ternacional Miranda, una fundación creada en 2005 por decreto presiden­cial para propiciar el debate y la investi­gación en torno a las transformaciones emprendidas por la revolución boliva-riana. Entre otras responsabilidades en el Gobierno, El Troudi fue director del Despacho del presidente Chávez entre 2005 y 2006, así como secreta­rio del Comando Maisanta durante el referendo de 2004. Por su parte, Trino Márquez es sociólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela y director académico del Centro para la Divulgación del Conocimiento Econó-
mico (Cedice), una asociación civil que se dedica a la promoción del pensa­miento económico de libre mercado ya «la investigación y el análisis de la organización y de las condiciones que permitan la existencia de una sociedad libre y responsable».

¿Cuál sería el papel de la empresa social (cooperativas, empresas de producción social) en la economía venezolana? ¿De qué se ocuparía?
Haiman El Troudi: En el marco de las delimitaciones a las diversas for­mas de propiedad propuestas para el socialismo del siglo XXI, es pertinente caracterizar las clases de empresas de acuerdo con los tipos de propiedad. Ello forma parte del debate y de la búsqueda de fórmulas autorreferenciadas del modelo socialista en construcción. Por tanto, están por di­rimirse algunas interrogantes: ¿cómo trascender la lógica del capitalismo de Estado en las empresas estatales? ¿Todas las empresas públicas y privadas deben convertirse en empresas de producción social (EPS)? ¿Todas las empresas son susceptibles de fun­cionar en cogestión? ¿Cómo se po­tencia la participación productiva de las comunidades?
Las cooperativas son empresas de propiedad privada colectiva que cons­tituyen un avance en relación con la propiedad privada individual. Por su estructura y funcionamiento, pueden trabajar en cualquier sistema econó­mico, político y social. Sus productos pueden ser ofrecidos en el mercado, aunque inicialmente sean elaborados respondiendo a una o varias necesi­dades. Las cooperativas surgen de la unión de un colectivo para satisfacer necesidades individuales, comuni­tarias o ambas. Pueden ser de gran utilidad para el desarrollo de activida­des productivas de pequeño calado y para la prestación de servicios.
Las EPS pueden ofrecer bienes y servicios, de acuerdo con la escala y la complejidad de la actividad. El ideal es que, aguas abajo, toda EPS tenga asociadas un ramillete de coopera­tivas que desarrollen labores com­plementarias, sin que ello suponga tercerización, flexibilización laboral o maquila. Tanto las EPS como las coo­perativas pueden desarrollar determi­nadas actividades productivas, cuya propiedad sea de las comunidades organizadas.
Las empresas comunales (no sociales) desarrollarían la economía comunal, a\ lado de las economías estatal y privada. Este tipo de empre­sas estarían preparadas para absor­ber a las empresas estatales que se les transfieran o para ser creadas a partir de determinadas condiciones. Además, ofrecen una pista de aterri­zaje para la economía que se mueve del sector privado individual hacia el comunal. Se ocuparían de lo que sea endógeno y apunte a la autosu­ficiencia de las comunas y ciudades comunales, especialmente en agricul­tura, vivienda, artesanía, pequeña in­dustria, turismo, servicios comunales y conservación ambiental, y estarían atentas a recibir todas las gestiones
económicas que les sean transferi­das por la administración pública (tal como lo propone el artículo 184 de la reforma constitucional).
Las EPS no comunales, es decir, las privadas, estatales o mixtas pue­den, sin limitación alguna, participar en las actividades de producción, dis­tribución y comercialización de los sectores agrícolas, industriales y de servicios.
Trino Márquez: De acuerdo con los dictados oficiales, las cooperativas y las empresas de producción social (¿existe alguna producción que no sea social?) han sido concebidas como instrumen­tos fundamentales para combatir el capitalismo y la economía de merca­do, sistema en el cual, supuestamente, se explota al trabajador al extraerle la plusvalía, la fuerza de trabajo se con­vierte en una mercancía más que se intercambia por un salario y predomi­na el valor de cambio sobre el valor de uso. El objetivo explícito del Gobierno consiste en sustituir la economía de mercado por el modo de producción socialista, caracterizado por la planifi­cación central, en el cual, hipotética­mente, prevalece el valor de uso, la producción se orienta a satisfacer las necesidades humanas y, por lo tanto, desaparece el derroche consumista y al trabajador se le remunera de acuerdo con el valor que produce.
El Gobierno sigue los lineamientos trazados por Carlos Marx y Fede­rico Engels, fundadores del llamado socialismo científico. Debido a que identificar el socialismo con Marx, En­gels, Lenin, Stalin, Mao y Castro (sus verdaderos inspiradores teóricos y eje­cutores prácticos) podría provocar un impacto muy negativo por el temor que esos personajes provocan en el co­mún de los ciudadanos, la propaganda oficial insiste en asociar el socialismo con «justicia social» e «igualdad», así como con Cristo y Bolívar, dos iconos venerados por la inmensa mayoría de los venezolanos que nada tienen que ver con las tesis comunistas.
La realidad histórica demuestra de manera irrefutable que el colectivismo trae miseria a los pueblos y que iguala a la gente en la escasez y las penurias. Con las cooperativas y las EPS se per­sigue implantar el socialismo y reducir el espacio de la empresa y la iniciativa privada en el conjunto de la economía, al igual que disminuir el beneficio me­diante el aumento de la competencia, la producción y la productividad.
¿Cómo enfrentarían las empresas sociales las exigencias de la eficiencia?
El Troudi: La eficiencia de las empre­sas socialistas no puede medirse con los mismos indicadores que emplea el capitalismo. Para los capitalistas, la efi­ciencia se determina a partir de la pro­ductividad (obtener «cifras azules») y la maximización de las ganancias y, con ello, el beneficio particular. Para los socialistas la eficiencia viene dada también por la productividad (obtener también cifras azules), pero orientada a satisfacer necesidades reales; es de­cir, beneficiar al colectivo.
Hay empresas, como los ferroca­rriles, que no tienen (y difícilmente pueden) generar beneficios de capi­tal. Cumplen una tarea social, y si ese cometido lo cumplen satisfaciendo las necesidades de sus usuarios, en­tonces son empresas eficientes. En este aspecto conviene ser cuidado­sos. El mercado capitalista identifica con enorme claridad a las empresas que no son rentables desde sus cri­terios de maximización del beneficio. Las empresas del socialismo tienen que realizar un análisis más comple­jo, pues hay costos y retornos que el capitalismo nunca mide y que tienen que ver con la vida digna: eficiencia ambiental («cifras verdes»), igualdad de géneros («cifras violetas») o par­ticipación popular asociada («cifras naranja»), por ejemplo.
Este mismo razonamiento es extensible a las empresas públicas, comunitarias y privadas. Las empre­sas públicas tienen otros objetivos económicos y políticos, como crear empleo o poner en práctica políti­cas sociales. Además de favorecer la creación de capital fijo, buscan el be­neficio colectivo.
En el socialismo del siglo XXI las empresas deben ser eficientes desde el punto de vista social y creadoras, principalmente, de valores de uso. Pero necesitan indicadores que les permitan saber si están operando con principios económicos.
La eficiencia no sería medida por la ganancia, sino por el impulso dado a la productividad del entorno. De ma­nera que no necesariamente se gene­rarán excedentes y, si los hubiera, se destinarían a promover otras activida­des. Incluso, algunas empresas debe­rían liquidarse paulatinamente, porque no son sostenibles ambientalmente o porque no satisfacen necesidades so­ciales (por ejemplo, las empresas que producen artículos de lujo). Entonces, se programaría su eutanasia, para que los restos aprovechables permitan fi­nanciar la empresa sustituta (tal como lo desarrolla Luis Vargas en el trabajo inédito «En torno a la eficiencia socia­lista»). Aquí, las pérdidas estarían jus­tificadas por la conversión, de modo que no serían realmente pérdidas. Es el caso de convertir una fábrica de tan­ques de guerra en fábrica de tractores agrícolas.
Márquez: La proposición oficial está frente a un complejo dilema: ¿cómo aumentar la eficiencia de las coope­rativas y de las EPS si no están con­cebidas para generar ganancias que permitan incrementar el capital? El esquema que propone Hugo Chávez está condenado al fracaso por su in-eficiencia estructural.
La eficiencia está ligada a una clara división del trabajo, al aumento de la producción y de la productividad me­diante el incremento de la inversión en capacitación, maquinarias y equipos, y a redes de comercialización que colo­quen los productos en los lugares más distantes a los menores costos. Uno de los prerrequisitos para que esto ocurra es que en las cooperativas y EPS la propiedad individual no desaparezca, de modo que sus integrantes puedan hacer uso de sus activos para venderlos, traspasarlos como herencia, utilizar­los para obtener créditos particulares y emplearlos para cualquier otro fin personal que los beneficie. En muchos países capitalistas avanzados y con subsuelo, los medios de transporte y comunicación, la tierra ociosa y la ex­plotación de minerales preciosos y de alto contenido radioactivo. En todos los demás ámbitos podrían participar las excelentes índices de equidad social (Suiza, por ejemplo), existen coopera­tivas muy exitosas en las áreas agríco­las e industrial, que reparten grandes beneficios entre sus integrantes. Son unidades productivas eficientes que funcionan de acuerdo con los principios de la libre concurrencia y la defensa de la propiedad privada y excelentes índices de equidad social (Suiza, por ejemplo), existen coopera­tivas muy exitosas en las áreas agríco­las e industrial, que reparten grandes beneficios entre sus integrantes. Son unidades productivas eficientes que funcionan de acuerdo con los principios de la libre concurrencia y la defensa de la propiedad privada.


El Troudi: «La eficiencia de ias empresas socialistas no puede medirse con los mismos indicadores que emplea el capitalismo»

Cuando el presidente de la Repú­blica insiste en que las cooperativas y las EPS deben orientarse fundamental­mente hacia el desarrollo endógeno y la satisfacción de las necesidades bási­cas, que debe evitarse el lucro porque la ganancia representa un vicio capitalista que conviene erradicar y que la propie­dad individual constituye un signo de egoísmo que hay que combatir, a los miembros de las cooperativas se les nie­gan todos los Incentivos para incremen­tar la eficiencia
¿Qué papel desempeñarían las empresas del Estado en la economía del país? ¿Deben ser participativas, como las empresas sociales?
El Troudi: Las empresas estatales se ocuparían del aprovechamiento de los recursos estratégicos de la nación, en pos del aseguramiento de la redistribu­ción equitativa de los excedentes, con énfasis en mejoras populares y dismi­nución de la desigualdad, indicadores claros que afirman el avance real del proyecto socialista. Esos recursos es­tratégicos son la energía en todas sus formas (petróleo, gas, electricidad, on-mulsión), el agua, el aire, las reservas de biodiversidad, las industrias produc­toras de materias primas para el sector transformador, las que exploten y trans­formen primariamente los recursos del
EPS, tanto públicas como privadas, co­munitarias o mixtas; también las gran­des, medianas y pequeñas empresas privadas, así como las cooperativas.
El Estado, por su importancia, pero también por sus debilidades his­tóricas, sigue formando parte tanto del problema como de la solución. La debilidad de la clase empresarial venezolana, Incapaz de invertir (esti­mulada, por el contrario, por la idea de rápida generación de riqueza, comúnmente asociada a actividades como la especulación financiera, las importaciones, las ventas al Estado, las contrataciones de obras públicas, entre otras), no siempre es compen­sada por un Estado poco acostumbra­do a salirse de su papel de gestor de la riqueza petrolera. La desinversión se convierte así en un problema.
No obstante, en los últimos ocho años el sector privado ha crecido más rápidamente que el sector público, y a consecuencia de ello, representa hoy una parte mayor de la economía que la que representaba antes de que Chávez asumiera la Presidencia (sólo el valor agregado total del sector pri­vado representó el 63 por ciento del total del PIB, superior al 59 por ciento de 1999, de acuerdo con los datos presentados por Mark Weisbrot y Luis Sandoval en «La economía venezo­lana en tiempos de Chávez», La Col­mena, año VI, N° 97, julio de 2007). Este dato le sale al paso a la repetida e infame propaganda según la cual la revolución bolivariana ha venido aho­gando la iniciativa privada. En todo caso, vale la pena llamar la atención en las áreas en la que prospera lo pri­vado, principalmente especulativas y tercianas.
La razón capitalista inhibe la iniciativa particular en áreas poco lucrativas y de gran nesgo; desde la perspectiva liberal, comúnmente se deja en manos del Estado tal tipo de operaciones. Para el socialismo del siglo XXI la eficiencia se mira con lentes propios; por ello, es absolutamente necesario que el Estado invierta en áreas poco atractivas (des­de el punto de vista de la búsqueda de lucro), pero que también lo hagan comunidades y comunas a las cuales se les ha transferido la propiedad de determinados medios de producción. Así mismo, los privados podrían parti­cipar de este tipo de tareas como parte de sus políticas de corresponsabilidad social. Sólo la participación articulada y acompasada de los tres vértices de la pirámide Estado-comunidad-mercado y la reconstrucción de las relaciones entre ellos pueden dar cuenta de los anhelos de desarrollo humano integral de los pueblos.
En cuanto a si las empresas del Estado deben ser participativas, hay que partir del principio de que la de­mocracia directa debe imponerse en todas las esferas empresariales. De cara a la implementación de los pos­tulados constitucionales, es preciso _ ser consecuentes con las nociones de participación protagónica de los sujetos sociales, en todos los ámbitos de la gestión pública y privada.
La democracia participativa combina protagonismo con representatividad, sólo que la delegación se asume en términos funcionales, al fijárseles pautas y límites a los representantes. En g la búsqueda de equilibrio y reciprocidad= entre representación y protagonismo popular, se cuenta con los siguientes instrumentos:
1. Reglamento de remoción de autoridades, revocación del mandato y control político de las autoridades (el que actúe de espaldas a las mayorías se va).
2. Elección directa de autoridades (elección de los cargos por la base de los trabajadores).
3. Sistema de rotación de autoridades, responsables y vocerías (na­die se atornilla en las posiciones de poder).
DEBATES IESA, pag.50
4. Delegación funcional (se manda obedeciendo).
5. Democracia del saber (la informa­ción es patrimonio del colectivo).
6. Rendición de cuentas (no existen cajas negras, todo es transparente y auditable).
7. Debate permanente (se estimula la cultura del debate sin censuras ni temas tabúes; existe además tole­rancia con las opiniones divergen­tes y respeto de las todas ideas).
Estas consideraciones pueden ser apli­cables en mayor o menor grado, en su totalidad o parcialmente, de acuerdo con los contextos y las especificidades de cada realidad. Adicionalmente, en el marco de la democracia directa, se vinculan aspectos relacionados con la planificación participativa, la toma de decisiones en manos de quienes es­tán al frente de la actividad, la ges­tión colectiva y el control social de los procesos.
La gerencia participativa, incluso en el capitalismo, ha demostrado mejor desempeño que la centralizada y auto­ritaria. Los planes de las grandes empre­sas del Estado deberían ser consultados, en referendo si fuera posible. Los planes de las empresas comunales deben tam­bién someterse a la consideración de las asambleas de ciudadanos, propietarios todos del medio de producción.
Márquez: Las empresas del Estado ocupan un lugar cada vez más pre­ponderante en la economía nacional desde 1999. Ya no es sólo Pdvsa, la empresa más importante de Vene­zuela, la que se encuentra en manos del sector público. A ella se suman las que están bajo la conducción de la Corporación Venezolana de Guayana, la Petroquímica y las recientemente readquiridas Cantv, La Electricidad de Caracas y Ávila Mágica. El Estado se ha convertido en un empresario cada vez más activo, tanto que resulta di­fícil establecer las diferencias entre el socialismo (colectivismo) del siglo XXI del cual hablan los representan­tes del oficialismo —que en realidad tiene una presencia marginal dentro
del aparato productivo— y el recru­decimiento del capitalismo de Estado (¿del siglo XXI?) que se observa en la práctica. El estatismo, encubierto bajo el engañoso nombre de «nacio­nalización», constituye el signo do­minante de la economía. La actividad económica privada, salvo en algunos rubros agrícolas, en las telecomuni­caciones, en la banca y en empre­sas como Polar, ha sido arrinconada a esferas muy reducidas. A esto hay que agregar la creciente presencia de regulaciones y leyes que restringen la actividad económica particular. Ve­nezuela se encuentra en los últimos lugares del índice de Libertad Eco­nómica que publica anualmente The Heritage Foundation.
El desmedido predominio de las empresas del Estado es un factor que conspira contra la libre concurrencia, las oportunidades económicas, la sana competencia entre los distintos agen­tes económicos y, en general, contra la
Con la eliminación de la propiedad pri­vada, aquellas experiencias socialistas decían suprimir la desigualdad social y crear una sociedad sin clases.
Salvo en contadas excepciones, esto no ocurrió. Si bien el Estado era dueño de los medios de producción, permaneció subrepticiamente la divi­sión de clases: por una parte, la buro­cracia estatal privilegiada y acaudalada, «representantes» de la sociedad en la administración del gobierno y, por la otra, la población desprovista de espa­cios para la participación en la gestión pública, apartada del ejercicio de un gobierno popular y democrático.
En parte, su fracaso devino de un error: no interpretar la dialéctica de los procesos que nacen y se desarrollan en medio de fuertes contradicciones y resistencias. Por ello, el socialismo del siglo XXI debe ser visto como un proceso; su ideal: establecer nuevas relaciones de convivencia humana ba­sadas en la igualdad, la justicia social y productividad y la eficiencia del aparato productivo. De hecho, Venezuela tam­bién aparece en los puestos más reza­gados en materia de productividad.

Márquez: «La realidad histórica demuestra de manera irrefutable que el colectivismo trae miseria a los pueblos y que iguala a la gente en la escasez y las penurias»

Con respecto a si las empresas del Estado deben ser participativas, hay que anotar que en una economía sana su número siempre es muy reducido, y tienen que someterse a las mismas reglas que rigen para las empresas pri­vadas. No debe existir ningún tipo de diferencia que las privilegie frente a las de origen privado.
¿Qué futuro tiene la empresa privada venezolana en el socialismo del siglo XXI?
El Troudi: La carta fuerte jugada por todas las experiencias del socialismo real en el siglo pasado fue la búsqueda de la igualdad sustentada en la propie­dad social de los medios de producción. la solidaridad, instaurando para ello un nuevo modo de producción. Concretar ese ideal supone un largo recorrido. La transición al socialismo puede durar muchos años; quizá sea una fragua ge­neracional.
El reto está en mediar consensos. La revolución bolivariana es pacífica, y transformar a Venezuela en paz su­pone diálogo de saberes y respeto a la pluralidad de pensamiento. ¿Qué suce­dería en el país si se decidiese abrupta­mente estatizar o nacionalizar todas las empresas privadas? Eso no está plan­teado. En el rumbo al socialismo la ini­ciativa privada puede desarrollarse sin dificultad alguna, siempre que acepte las nuevas reglas del juego. Marx no era contrario a la propiedad particu­lar ganada con honestidad y esfuerzo. Allá quienes se autoexcluyan, quienes se resistan a reconocer que el socialis­mo es nuestra realidad renovada.
El desarrollo nacional requiere el concurso de todos: Estado, privados y comunidades organizadas. Se trata de un modelo de economía mixta: la pro­piedad social de los medios estratégicos tanto nacional como foráneo. La jorna­da laboral de seis horas diarias aumen­tará los costos de manera notable en las pequeñas y medianas empresas. El Seniat está actuando al servicio de una de producción en manos del Estado; en todas las demás áreas podrá haber propiedad privada (individual o colecti­va), y gestión popular directa sobre la propiedad social, asumida por una co­munidad a instancias de organizaciones creadas para tal fin.

El Troudi: «En el socialismo del siglo XXI las empresas deben ser eficientes desde el punto de vista social y creadoras,
principalmente, de valores de uso»

La empresa privada tiene inexora­blemente que sumergirse en las aguas de las transformaciones nacionales; en su nomenclatura han de hacerse comunes términos como responsa­bilidad social, planificación y partici­pación. En piedra de Sísifo se ha de tornar la actuación de los sectores empresariales que persistan en la lí­nea capitalista ortodoxa de la máxima ganancia. Para este segmento, ojalá minoritario, habrá de haber regulacio­nes, más temprano que tarde.
Márquez: A partir del desmedido ras­go estatista de la economía y del respal­do cada vez mayor que el Gobierno le da a las formas colectivas de propiedad (social, comunal, ciudadana), puede anticiparse que el lugar de la propie­dad privada dentro del socialismo del siglo XXI será muy pequeño. Además, los incentivos a la creación de empresas privadas será cada vez menor.
Las críticas del presidente de la Re­pública al capitalismo, al mercado, a la libre concurrencia, a la competencia y a la ganancia han determinado que las políticas oficiales se orienten a levantar numerosas trabas a la actividad particu­lar, y que la Asamblea Nacional apruebe instrumentos jurídicos como la solvencia laboral y la Ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente del tra­bajo (Lopcymat), que actúan como grandes inhibidores del capital privado, política punitiva que practica una suerte de terrorismo fiscal contra las empresas, independientemente de sus dimen­siones. Ese organismo, en vez de crear estímulos para que se incrementen las empresas privadas, lo que hace es des­estimular a potenciales inversionistas y sembrar el miedo entre los empresarios establecidos.
Los ataques persistentes a la em­presa privada por intermedio de distin­tos mecanismos restringen los espacios de libertad y conspiran contra la de­mocracia. La libertad y la democracia, como han demostrado historiadores de la talla de Richard Pipes, se encuentran indisolublemente vinculadas a la pro­piedad. Quien nada posee y depende completamente del Estado no puede ser libre, pues carece del soporte mate­rial para sustentar su independencia.
¿Qué condiciones debería cumplir la empresa privada para mantenerse a largo plazo en el socialismo?
El Troudi: De una somera revisión de la realidad empresarial venezolana se pueden distinguir al menos tres gran­des grupos: 1) aquellos que se niegan a cualquier tipo de cambio y que, dando un paso más allá, dificultan el rumbo de las transformaciones nacionales, 2) quienes, sin tener esa mala voluntad, necesitan más datos que les permitan tomar una decisión racional en la nueva dirección y, 3) los que están dispuestos a andar el camino socialista.
En el contexto de régimen de pro­piedad mixto planteado por el socia­lismo del siglo XXI se han de delimitar las pautas de actuación esperadas de
cada uno de los actores que intervienen en el desempeño productivo nacional: Estado, comunidades organizadas e iniciativas privadas. Cada cual ha de poseer, por así decirlo, más allá de su compromiso social y del cumplimiento de las regulaciones vigentes, la cartilla contentiva de las reglas del juego que le corresponde asumir.
En lo que respecta al sector pri­vado, junto a Juan Carlos Monedero planteé su reformateo en empresas de producción social. Ya el presidente Chávez lanzó en 2005 la propuesta de las EPS: la actividad privada contribuye «irresponsablemente con la soberanía productiva nacional, cumple un con­junto de prerrequisitos dispuestos por el Estado y, en esa medida, puede acceder a los incentivos que ofrece: exoneracio­nes fiscales, compras estatales, financiamiento, maquinaria, entre otros.
Si bien las EPS son dueñas de ciertos medios de producción, se comportan de acuerdo con una lógica solidaria: ganan lo razonable y colaboran con el Estado y las comunidades en la construcción de una sociedad justa, inclusiva e igua­litaria. Están dirigidas por empresarios cuyo único fin no es la acumulación desmedida; además tienen conciencia social, organizan su actividad corporati­va en función de las necesidades de las mayorías y saben que ganarán dinero, pero que su riqueza no se obtiene fácil­mente, sino con trabajo.
Toda empresa capitalista (pública o privada), en aras de su reformateo en EPS, debe incorporar progresivamen­te las siguientes prácticas (tal como lo planteo, junto con Juan Carlos Mo­nedero, en Empresas de producción social. Instrumento para el socialismo del siglo XXI. Centro Internacional Mi­randa, Colección Debates, segunda edición, 2007):
1. Ejercer la responsabilidad social em­presarial: promover obras sociales en beneficio de la comunidad.
2. Vincularse con los problemas del entorno: coadyuvar a la organiza­ción social y articularse con los con­sejos comunales, por ejemplo.
3. Producir para satisfacer necesida­des sociales, no para vender por vender e incrementar las ganan­cias: no estimular el consumo de bienes innecesarios o suntuosos y concentrarse en la manufactu­ra de los artículos fundamentales para el sustento humano.
4. Distribuir los excedentes entre los propietarios de las empresas, sus trabajadores y la sociedad: no enriquecerse a expensas de la explotación del trabajo ajeno, sino compartir los márgenes de ganancia.
5. Disminuir los beneficios particulares y aumentar los beneficios sociales: ganar lo suficiente y reducir los pre­cios de las mercancías al mínimo, en beneficio de la población.
6. Tejer relaciones de comercio justo: romper las cadenas y las roscas de la distribución y la especulación, al intercambiar mercancías con la menor intermediación posible.
7. Incorporarse en los planes de for­mación de los trabajadores y traba­jadoras: ayudaren el mejoramiento de su cultura y conciencia.
8. Fomentar relaciones de democracia directa a lo interno de los centros laborales: asumir prácticas como la elección de representantes y admi­nistradores, la rendición de cuen­tas, las contra lorias de trabajadores y la revocabilidad de mandatos.
9. Producir de acuerdo con los prin­cipios del valor de uso de la mer­cancía: no producir por el valor co­mercial de determinados produc­tos, amén de que la rentabilidad empresarial no riñe con la calidad.
10. Ofrecer remuneración digna y re­gular a los trabajadores: a cada cual según sus necesidades y trabajo.
11. Destinar la producción entre quie­nes más la necesitan: incorporarse desinteresadamente en planes de protección social para quienes es­tán en condiciones de extrema ex­clusión y miseria.
12. Tener compromiso ecológico.
13. Articularse con los planes guberna­mentales de desarrollo tales como los núcleos de desarrollo endóge­no, los presupuestos participativos o los gabinetes móviles.
14. Fomentar o tutelar nuevas empre­sas, cooperativas o asociaciones productivas sin ánimo de lucro y sin que medien intereses.
15. Asumir nuevos protocolos de aten­ción al público: trato digno a los trabajadores, clientes y, en general, a todas las personas; superar las prácticas burocráticas clientela res y el maltrato al que nos mal acos­tumbró la Cuarta República.
El cumplimiento de tales prerrogativas supone la disposición de los empren­dedores a incorporarse voluntaria­mente en el circuito de las transfor­maciones nacionales. Quien no esté dispuesto a reformatearse no aspirará
a obtener incentivos públicos y, en ese sentido, habrá de someterse a la opi­nión pública nacional, cada vez más consciente y movilizada en función de construir la propuesta socialista. Pero, ¿qué razones puede tener un próspero empresario de la economía capitalista para avanzar hacia una for­ma socialista como una EPS?
1. Por una convicción racional de que la inclusión social construye socie­dades más armónicas que, en úl­tima instancia, hacen la vida más placentera.
2. Por ideología (que asuma la igual­dad como una exigencia ligada a la dignidad humana) o por con­vicción religiosa (si todos somos hijos de Dios, ¿por qué hay per­sonas con tantas necesidades?).
3. Por presión popular.

Márquez: La empresa privada, a pe­sar de las severas restricciones que le impone el Gobierno, debe realizar los desembolsos necesarios para me­jorar la formación y capacitación de sus trabajadores, introducir los cambios que hagan más eficaz la división de tareas, realizar inversiones tecno­lógicas para incrementar la produc­tividad y conectarse con el entorno social para que exista un flujo de relaciones dinámico entre la comuni­dad y la empresa.
En una era en la cual el conoci­miento científico, la revolución tec­nológica y la globalización son deter­minantes e irreversibles, los empre­sarios están comprometidos a lograr que sus empleados y trabajadores ad­quieran el mayor grado de destrezas posibles, para que estén en las mejo­res condiciones de agregar valor a los productos, bienes o servicios que ge­neran. La creación de incentivos para que los trabajadores se sientan agra­dados con las labores que cumplen es fundamental. El trabajador debe estar identificado con su empresa para que se arraigue en ella y sea capaz de realizar una carrera de muchos
años en la que plantee nuevos logros y metas personales ambiciosas. Este ideal está asociado con la posibilidad de mejorar sus ingresos por la vía del salario, los bonos de productividad y la participación en las ganancias, así como también con la factibilidad de participar como propietario mediante la compra de acciones de la empresa donde trabaja. En la medida en que la empresa privada se abra a un amplio número de propietarios particulares, en la medida en que la propiedad se democratice y popularice, los traba­jadores serán más activos, creativos y productivos.
En el socialismo del siglo XXI hay que luchar para que el terreno de la empresa privada no se siga perdiendo y para que los trabajadores puedan apreciar los beneficios que obtienen frente al colectivismo comunista

Márquez: «En la medida en que la empresa privada se abra a un amplio número de propietarios particulares, en la medida en que la propiedad se democratice y popularice, los trabajadores serán más activos, creativos y productivos

Tomado de la Revista Debates-IESA con fines exclusivamente académicos.
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